¿Con quién
inter-locutamos?
Nosotras y nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos,
ciudadanos consumidores y ciudadanos no consumidores, libre y voluntariamente,
con la motivación plena y activa en la construcción del Régimen del Buen Vivir,
a través de procesos permanentes de construcción del poder ciudadano y en plena
comprensión de que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.
(Art.1 principios fundamentales).
Presentamos en carta pública a nuestro “Estado
constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (art.1), algunas
reflexiones que proponemos se fundamenten en el principio de deliberación
pública de una problemática altamente sensible al ser capaz de destruir la
cohesión del tejido social sobre el cual descansa el efectivo goce de los
derechos establecidos en el pacto social (Constitución, 2008).
¿Quiénes somos?
La FCCE somos una comunidad socio-cultural que
tiene como su objetivo primordial el propiciar espacios públicos de diálogos
interculturales en los cuales se intercambien libre y voluntariamente conocimientos
y experiencias endógenos de los enteógenos.
¿Cuál es el
contexto de la MARCHA MUNDIAL DE LA MARIHUANA?
La MMM son las expresiones de los componentes del
tejido social que exigen su derecho a una cultura
de paz y la reparación de las
víctimas que directa e indirectamente son el resultado de la participación
forzosa a la que son sometidas por el continuado estado de Guerra (-contra las
Drogas).
En el caso de la Marihuana, lleva +103 años de
prohibición, criminalización e intento de erradicación, a través de la
legislación y la institucionalidad supra-nacional, primero la Unión de Naciones
y después la ONU, quien ha estimado en su Informe Mundial de Drogas del año
2014, “entre 125 millones y 227 millones
de personas que han usado cannabis” el año 2012 (DR, 2014: p.41), tendencia
creciente, consolidada año tras año e informe tras informe; la prohibición,
criminalización e intento de erradicación recogido agenciosamente por las
políticas públicas de drogas de la etapa republicana del Ecuador, poco han
reflexionado sobre la (peculiar) definición hegemónica de DROGA, la coordinada criminalización del DROGADICTO, y la económicamente conveniente CLASIFICACIÓN de DROGAS
LEGALES e ILEGALES, manteniendo un enfoque prohibicionista y criminalizador
sobre el ser humano.
¿El problema de las drogas es ser declarada como actividad económica ilícita?
La Marcha Mundial de la Marihuana nos permite
posicionar en la esfera pública de opinión información el debate intercultural
para despertar conciencia sobre la prevención “entendida como la promoción de
actitudes vitales basados en la autonomía y responsabilidad personal” (Jack
Herer, 1998: p.417), y cómo, en la observancia de los derechos culturales y
naturales reside implícitamente su existencia, su uso y la construcción plena
de todas las identidades diversas (-culturales) en su interacción.
¿Las drogas en el Ecuador?
Según la IV Estudio Nacional Usos de
Drogas del 2014 del CONSEP, en Ecuador es mayor que el consumo de drogas
lícitas que drogas ilícitas, así, la prevalencia en: bebidas alcohólicas es
56.6% de la población, cigarrillos es 32.3% de la población, marihuana es 5.3%
de la población.
Tenemos más presos por la actividad
económica ilícita de las drogas que consumidores de droga ilícitas…
El marco jurídico específico que pretende
sustentar o justificar la guerra contra las drogas resulta incompatible con la
búsqueda del Buen Vivir, pacto social consolidado en la Constitución (2008), el
no respeto a la cultura de paz mediante una política pública de combate o
guerra contra las drogas que alcanza a vulnerar los derechos humanos de
“drogadictos”, esto permitido en la observancia discrecional de derechos
fundamentales irrenunciables, imprescriptibles e inalienables como la
presunción de inocencia, siendo el drogadicto objeto de “la inversión de la
prueba”, primero es privado de la libertad para después tener que demostrar su
inocencia; prácticas discriminatorias evidenciadas en los agentes de control,
mediante el empleo de perfiles culturales para identificar (los perniciosos)
consumidores de droga.
El sistema de justicia nos ayuda a
determinar estos márgenes de acción discrecional, y a pesar que, el pacto social que propugna el Régimen del Buen Vivir, y
en el cual, en ningún caso permite la criminalización ni represión del
consumidor de sustancia psicoactivas (art.364), la política pública del PLAN NACIONAL DE DROGAS vigente, Decreto
Presidencial No.1777 de Lucio Gutiérrez B., R.O. 239 24.12.2013, ha permitido
que 1 de cada 4 presos sea por delitos relacionados a actividades económicas
ilícitas de drogas (“narcotráfico”), el Ministerio de Justicia Derechos Humanos
y Cultos, a Febrero del 2013, determina que el 25.15% del total de privados de
la libertad en Ecuador son por la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes,
en 2007 la ONU estima que son (15,736) quince mil setecientos treinta y
seis las personas privadas de su
libertad, que están en prisión por drogas (DR, 2014: anexo 1).
La Defensoría Pública nos dice que son
(15,532) quince mil quinientas treinta y dos las personas privadas de su
libertad por tenencia o posesión de drogas, (232) doscientos treinta y dos las
personas privadas de su libertad por transporte de drogas, (292) doscientos
noventa y dos las personas privadas de su libertad por comercialización o
elaboración, y (515) quinientas quince las personas privadas de su libertad por
tráfico ilícito que necesitaron del servicio del servicio público (-gratuito)
de defensa entre 2007-2014; y con respecto a las (2,505) dos mil quinientas
cinco personas detenidas en supuestos delitos flagrantes de drogas a nivel
nacional, el (84%) ochenta y cuatro por ciento reciben prisión preventiva
(según la “Ley 108”), menos del (8%) ocho por ciento otra medida cautelar,
menos del (5%) cinco por ciento libres por consumidores, menos del (5%) cinco
por ciento libres con indagación previa, y menos del (2%) dos por ciento libres
por no existir elementos de imputación (CEED: DPG-E y FGE-E).
La resolución
001-CONSEP-CO-2013, sobre la tenencia o posesión de drogas ilícitas en Ecuador,
el COIP y el debate de la Ley de Drogas (Proyecto de Ley Orgánica de Prevención
Integral de Drogas y Usos de Sustancias Sujetas a Fiscalización, 2014) podrían
representar un avance para establecer la proporcionalidad para la construcción
de criterios de autoría y participación, la proporcionalidad de las penas,
pero, la protección jurídica acompaña y soporta el proceso de observancia de
los derechos y responsabilidades, por ello, no sólo se debe pensar en el porte
de sustancia mínimas, debemos concebir que si se prevé el porte sin establecer
las formas de acceso y de abastecimiento mediante ciclos socio-productivos
ambientalmente sustentables, se propende a mantener al ser humano como una
fuente de ingresos y de poder en manos del (libre) mercado, del crimen
organizado, relegando a la sociedad a ser víctima de criminalización sistémica
e institucionalizada.
La guerra contra las drogas no ha logrado
las metas supuestamente perseguidas, la privación de la libertad por uso de un
tipo de coerción justificado en una discriminación, que termina desintegrando
al ser humano y el tejido social al que se pertenece, se ha desbordado por una
supuesta criminalidad que sólo ha incrementado la in-justicia y la vulneración
de los derechos humanos y los de la naturaleza.
¿Cuál es la
propuesta de la FCCE?
Nuestras reflexiones nacen así desde el pensamiento
crítico frente a las realidades de modelos hegemónicos de control social y
formas de planificación y gestión de lo público que excluyen la participación ciudadana
(en los términos establecidos en la LOPCCS) y permiten la discriminación y el
uso de la privación de la libertad con este fin.
Las drogas
y los drogadictos ya no es sólo una
cuestión de seguridad nacional, sólo una cuestión de salud pública, o sólo una
cuestión de ocio y recreación, es un recurso valorado y estratégico mediante el
cual se genera nuevo conocimiento, se soporta la identidad nacional, se propicia
oportunidades laborales, de desarrollo social, industrial y económico,
promoviendo y fortaleciendo estrategias de cohesión del tejido social mediante
acciones económicas, políticas y culturales contra-hegemónicas.
PRIMERO
LA CREACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE CONTROL Y
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, ABASTECIMIENTO Y
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CATALOGADAS COMO SUJETAS A FISCALIZACIÓN.
¿Cómo es el Sistema Público que proponemos?
ORGANISMO RECTOR
Comité Interinstitucional
+
Comité Consultivo
Ciudadano.
ORGANISMO EJECUTOR
Secretaria Técnica.
ESTRUCTURA
Min. de Salud Pública.
Min de Justicia, DDHH y Cultos.
Min. de Educación.
Min. de Cultura.
Min del Interior.
Min. de Ambiente.
Min de Agricultura.
Min. de Relaciones Exteriores.
Sup. de la Economía Popular y Solidaria.
GADs.
Mientras que por parte de la sociedad civil estará integrado por:
Representantes de ONGs y Universidades.
Representante de Federaciones Nacionales.
Representantes de Asociaciones sin fines de Lucro.
Representantes de Clubes de usuarios y consumo.
Representantes de Usuarios.
LEGISLACIÓN
Estableces la regulación
y las formas de control.
NO Modelo abierto (de comprar o
comprar): alcohol, tabaco, cafeína en manos empresas mercantiles
transnacionales, con circuitos comerciales abusivos de intermediarios de lucro
sin fin.
SI Modelo cerrado (controlado y
reglamentado) (auto-abastecimiento): cannabis en manos de los usuarios y
productores de la EPSS, con circuitos comerciales sustentables con la mejor
calidad y el precio justo.
PROGRAMA
Agenda: política pública de
REGULACIÓN Y CONTROL RESPONSABLES.
SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Prevención de la demanda y
asistencia a los consumidores.
SISTEMA DE INDICADORES
Técnico-científicos socio-culturales y
económicos.
FONDO
Presupuesto para su
ejecución es el resultado de la gestión de la regularización y el control de
las sustancias psicoactivas.
SEGUNDO
LA REMEDIACIÓN
(Incorporación al
ciclo productivo)
Población objetivo: La población en territorio ecuatoriano que son
consumidores de substancias psicoactivas y que son víctimas de represión y
criminalización por la Sociedad, la Función Judicial, las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional del Ecuador, y que están privados de la libertad o en peligro
de ser privados de la libertad y la vulneración de sus derechos
constitucionales.
La investigación en campo con el rigor del método
científico que permita establecer la línea base de las personas que han sido
sujetas a la desproporcionalidad es fundamental, así podremos conocer las
individualidades de las realidad humanas a las cuales les debemos “el derecho
de una cultura de paz”. (Constitución, 2008: art.3)
(1) Creación de
un Centro de Investigación de Plantas Sagradas de características
técnico-científicas, que permita la obtención de nuevo conocimiento científico
especializado sobre el empleo de los principios activos de las plantas sagradas
en la Farmacología; el conocimiento obtenido del proceso de investigación y
desarrollo del método científico permite garantizar una producción planificada
e interdependiente con la red granjas comunitarias. Advertimos al tiempo que el
nuevo conocimiento además se desarrollará y se complementará con la creación de
un Centro de Interpretación Socio-Cultural de las Plantas Sagradas, observando
con ello los Derechos Culturales y los Derechos de la Naturaleza.
Establecimiento de una (2) red de granjas
comunitarias especializadas en variedades de plantas determinadas como
aptas para proveer de principios activos a la Industria de Fármacos Nacional;
la determinación de la producción será dada en comunión de esfuerzos con el
Centro de Investigación de las Plantas Sagradas.
(3) Industria
de Fármacos Nacional, que garantice el auto-abastecimiento de
medicamentos al Sistema Nacional de Salud; la obtención de la materia prima, de
los principios activos será de la producción obtenida de las granjas comunales.
(4) Campaña de información y
auto-determinación, la difusión y la didacta debe considerarse como un
aspecto sobre el cual debemos generar contenidos conjuntamente entre el Estado
y los ciudadanos, debemos ser conscientes que una política pública soberana y
contra-hegemónica que propicia un cambio de matriz productiva, encuentra que la
deliberación pública se sustenta en gran media en la discusión en la esfera
pública de opinión de la agenda de las
empresas privadas dedicadas a la comunicación social que defiende intereses de
grupos económicos a los cuales les es conveniente la guerra contra las drogas.
¿Cuál es el mensaje final?
Proponemos al Gobierno del Ecuador un Sistema
Público de Regulación y Control Integral de las Sustancias con Propiedades
Psicoactivas.
Y ante lo anteriormente expuesto expresamos
claramente:
¡Ni represión, ni criminalización!
¡No más guerra!
¡Exigimos nuestro derecho a una cultura de paz!
¡Reconocimiento a las víctimas!
Reafirmamos la necesidad de políticas públicas que
no se refieran a las drogas y su guerra frente a las personas y la naturaleza;
las políticas públicas interculturales se deben promover a través del
fortalecimiento del poder ciudadano mancomunando los esfuerzos en la construcción
del Buen Vivir.
Reafirmamos la necesidad de investigación científica
propia para identificar cualidades y peligros de las sustancias.
Reafirmamos la necesidad campañas informativas para
salud, cultura y participación política.
Reafirmamos la necesidad de protocolos humanistas,
no a la privación de la libertad, no a la rehabilitación sin consentimiento.
Reafirmamos la necesidad de medidas de control
sobre los agentes de control, somos inocentes, no a la inversión de la prueba.
Reafirmamos la necesidad del proyecto de reglamento:
licenciamiento a federaciones, clubes, asociaciones de cultivadores y
consumidores.
Reafirmamos la necesidad de incorporar la
participación ciudadana a la planificación, ejecución y control de la política
pública.
FCCE, Quito: 02 de mayo de 2015.
