¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS!


Bienvenidos a www.ECUADORCANNABICO.tk, de hoy en adelante ésta será tu página de información pro-legalización de esta mítica planta y todos sus derivados medicinales, recreacionales, de uso espiritual e industrial.

Aquí encontraremos, difundiremos e intercambiaremos material escrito y audiovisual, así como propuestas de acción para la consecución de objetivos científicos, ideológicos, culturales y políticos que contribuyan al proceso de legalización y despenalización de "María".

Dejamos totalmente claro que nuestro pensamiento no va dirigido al apoyo del comercio (legal o ilegal) y/o narcotráfico de este y otros enteógenos naturales, más bien estamos interesados en la difusión de la información para el cultivo autogestionado para uso y consumo curativo, lúdico, ritual y mental del cultivador como de sus personas cercanas.

Construyamos juntos un porvenir libre para un recurso natural que debe ser un derecho de la humanidad, y localicemos nuestra lucha en estas latitudes, tomando el ejemplo de tantos otros lugares donde se ha conseguido que la siembra, el cultivo y consumo de cannabis sea legítimo para tod*s.

Ecuador Cannabico, información libre desde: Martes, 1 de Diciembre de 2009.

lunes, 30 de julio de 2018

7A: ¡LLEGÓ EL DÍA! PLANTÓN POR LA MARIHUANA MEDICINAL.




La Asamblea Nacional está a puertas de aprobar el nuevo Código Orgánico de Salud, norma fundamental para el desarrollo de los derechos constitucionales de usuarios medicinales del cannabis en el Ecuador, en el que, gracias a la presión constante y solidaria de miles de beneficiarias y beneficiarios de esta planta, se ha logrado un articulado consistente con las necesidades olvidadas de este sector de la sociedad.

Es de conocimiento público que el Sistema Endocannabinoide (SEC) es uno de los componentes fisiológicos más importantes de nuestros cerebros, mismo que está formado por receptores endógenos o “Endocannabinoides” y las enzimas que, de acuerdo a su requerimiento, se encargan de su biosíntesis y catabolismo (Fowler, Doherty, & Alexander, 2017; Howlett & Abood, 2017). Actualmente, las herramientas de análisis molecular disponibles han permitido identificar los genes implicados en la codificación de estos compuestos en mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles y algunos invertebrados, indicando que el SEC se originó hace millones de años a través de interconexión y co-evolución, consolidando una especialización y funcionalidad importante a lo largo de la  historia biológica del reino animal (Anday & Mercier, 2005; J. M. McPartland, Agraval, Gleeson, Heasman, & Glass, 2006; John M. McPartland, Matias, Di Marzo, & Glass, 2006).
A pesar de ser una realidad contundente y científica, el dogmatismo de ciertos sectores reaccionarios de la sociedad, que ven este tema como una cuestión netamente política para el fortalecimiento de sus candidaturas hacia las seccionales del 2019, como la gente del Partido Social Cristiano o Fuerza Ecuador, quienes impulsan una plataforma llena de falacias, ignorancia y odio, que de forma irresponsable pretende enfrentar a hermanos y hermanas ecuatorianas para vulnerar los derechos de pacientes y familias usuarios de la marihuana medicinal.

No pretendemos entrar en debates frente a los que insultan y no tienen nada más que odio en contra de hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores quienes usan al cannabis como fuente de bienestar, especialmente cuando los representantes de estos sectores políticos, como la asambleísta Ugarte, simplemente no asiste a talleres como el del martes 17 de julio del 2018, en donde se debatió con argumentos científicos y humanitarios la necesidad de las licencias para el auto cultivo y distribución de los medicamos con base en los ingredientes activos del cannabis. 

Por tanto, la plataforma canábica formada por varios colectivos, usuarios y usuarias lúdicos y medicinales, emprendedores, empresarios, enfermos y enfermas con graves dolencias, ejerciendo nuestros derechos constitucionales a expresarnos con libertad sobre los temas que son de nuestro interés y entendiendo el momento actual, demandamos ante las autoridades y la sociedad, que se incluya en el Código Orgánico de la Salud el uso legal y legítimo del cannabis medicinal y terapéutico.

Creemos en nuestro derecho constitucional de acceder a una buena calidad de vida, al tratamiento oportuno y exigimos la garantía del derecho humano del acceso a la salud tanto para personas con diversos tipos de enfermedades, como animales a través del uso veterinario de la substancia.

Por eso este siete de agosto nos encontraremos todas y todos afuera de la Asamblea Nacional del Ecuador, para vigilar y exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los y las asambleístas, así como el desarrollo posterior del borrador de reglamento que normará el artículo 333 del COS, y la posibilidad de sostener el auto cultivo para personas con enfermedades terminales, determinado quien tendrá la capacidad de producir, si los y las usuarias o las multinacionales.

LLEGÓ EL DÍA compañeros y compañeras, usuarios cannábicos, pacientes y familiares de que nuestra voz se oiga.

LLEGÓ EL DÍA en que se despenalice el uso de una planta que alivia  las dolencias de miles de enfermos crónicos y catastróficos.

LLEGÓ EL DÍA de plantar nuestros semilleros, de la legalización del autocultivo del fin del narcotráfico.

LLEGÓ EL DÍA de abrir el espacio a los actores de la economía popular y solidaria que ya trabajan con la planta.

LLEGÓ EL DÍA de ser solidarias y solidarios con las y los pacientes y movilizarnos por el bienestar terapéutico del pueblo.

LLEGÓ EL DÍA de defender la Vida y exigir que la aprobación del uso del cannabis medicinal y terapéutico, así como el auto cultivo, estamos conscientes de que si la medicina que necesitamos pasa por las manos de las farmacéuticas transnacionales, el acceso de los pacientes al medicamento será restringido.

Este 7 de agostos llega el día para exigir este primer paso fundamental y sincerarnos como sociedad, responsabilizándonos frente a nuestras elecciones.

Por la medicina de Todos y Todas.

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CANNÁBICAS DEL ECUADOR.


martes, 5 de junio de 2018

Un nuevo debate sobre el cannabis medicinal en Ecuador.

Por: Gabriel Buitrón Almeida.

Y al parecer la Marcha Mundial de la Marihuana Ecuador 2018 surtió efecto en los altos poderes políticos, ahora la Asamablea Nacional, como poder legislativo y el Ministerio de Salud Pública, como parte del ejecutivo abren las posibilidades de debate e inclusión del cannabis dentro del cuadro nacional de fármacos.


El 18 de Mayo de 2018, en entrevista de Radio Pública del Ecuador, Mónica Quinatoa, Directora Nacional de Control Sanitario del Ministerio de Salud Pública, anunció abiertamente que la institución a la que representa se encuentra elaborando un borrador de proyecto "REGLAMENTO PARA EL USO TERAPÉUTICO, PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS DE USO MEDICINAL QUE CONTIENEN CANNABINOIDES",  en base al artículo 28 de la Ley de drogas 2015, además de la revisión de 17000 publicaciones científicas, y de un análisis comparativo de marcos legales vigentes en otros países. En la entrevista estuvieron presentes la Doctora en Medicina Cristina Martínez y el Maestrando el Políticas de Drogas Gabriel Buitrón, ambos parte de Ecuador Cannábico, quienes mostraron sorpresa y alegría por esta noticia, recalcando que se deben ampliar las posibilidades de autocultivo, así como la integralidad de las luchas cannábicas.

Click aquí para descargar el documento borrador Reglamento Cannabis Medicinal


Mientras tanto la Asamblea Nacional discute el Código Orgánico de la Salud, donde, bajo evidencia y debates, con diversos actores, se ha logrado insertar varios artículos relacionados a las posibilidades del cannabis medicinal, entre ellos: 

"Artículo 333: Regulaciones respecto del uso terapéutico del cannabis. - La Autoridad Sanitaria Nacional, determinará las enfermedades o condiciones médicas que podrán ser tratadas con cannabis, regulará las concentraciones de dicha sustancia en los medicamentos y productos naturales procesados de uso medicinal, teniendo en cuenta la evidencia científica que haya demostrado efectividad terapéutica; y, otorgará las licencias para la siembra, cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensanción con fines medicinales y terapéuticos. La Autoridad Sanitaria Nacional, también regulará la cantidad permitida en cada prescripción, dependiendo de la patología tratada, así como la temporalidad de la duración de dicha prescripción."

Click aquí para descargar documento borrador COS

Aún así no solo han surgido voces favorables, actores políticos opositores han levantado sus voces, los asambleístas Vicente Taiano y Poly Ugarte, así como otros sectores conservadores y de derecha se ha opuesto radicalmente a la posibilidad de la regulación del cannabis medicinal. Teniendo como mayores argumentos, el fracasado enfoque securitista de la "guerra contra las drogas" y criterios médicos de los años 30's, ignorando así las más recientes investigaciones científicas relacionadas a los enfoques de derechos humanos y al potencial médico y terapéutico del cannabis medicinal. Esperemos que esto sea un debate racional, basado en la evidencia y no en buenas intenciones o discursos políticos oportunistas de época electoral.

Fuente video: Guayaquil Canabico

Gabriel Buitrón.
Vocero Ecuador Cannábico.
Miembro de LANPUD.
Miembro del IDPC.
Parte del grupo de estudio sobre drogas IAEN.

miércoles, 25 de abril de 2018

Manifiesto Tercera Plataforma Cannábica por la Marcha Mundial de la Marihuana Ecuador 2018






La tercera plataforma cannabica formada por varios colectivos, usuarios y usuarias lúdicos y medicinales, emprendedores, empresarios, enfermos y enfermas con graves dolencias, ejerciendo nuestros derechos constitucionales a expresarnos con libertad sobre los temas que son de nuestro interés y entendiendo el momento actual, nos preparamos nuevamente este 4 de mayo del 2018 a marchar por la libertad de elección, la autonomía y autodeterminación.

Tres son los ejes que articulan nuestras demandas en defensa de nuestras acciones:

1) La legalización del uso medicinal, terapéutico y el autocultivo para tratar a nuestros enfermos que han encontrado una salida a sus dolencias con la planta;

2) La legalización de la industrialización del cañamo con enfoque de economía popular y solidaria;

3) La legalización del consumo lúdico, sin criminalización y con enfoque de DDHH.

Así, exigimos a las autoridades soluciones rápidas e integrales, en relación a la legalización del cannabis. Creemos que nuestro derecho humano y constitucional a la presunción de inocencia ha sido vulnerado permanentemente, desde que el Ecuador decidió entrar en los paradigmas del prohibicionismo, la mano dura y la guerra, por lo cual solicitamos al Estado sea garante de este derecho, así como de la remediación histórica a las víctimas de este fenómeno.

Las políticas apegadas a la guerra de las drogas ha victimizado y castigado a los miembros más vulnerables de la sociedad y se ha dejado en la impunidad a los grandes carteles e intereses económicos afines, quienes al parecer están por fuera del radar. La falta de concreción de una política pública basada en los derechos constitucionales, ha generado un ciclo vicioso,  en dónde la marihuana es una mercancía controlada por las mafias y el crimen organizado transnacional.

Todas y todos somos iguales como seres humanos, todos tenemos los mismos derechos ante la ley y la justicia, también las personas que usan sustancias psicoactivas, más aún en el marco de un Estado constitucional de derechos. ¿Por qué entonces se nos ha relegado a la discriminación de ser mirados como delincuentes o enfermos? ¿Por qué además vulnerar nuestro derecho al espacio público, estigmatizándonos y excluyéndonos?

Cuando analizamos de manera concreta las detenciones por posesión de Marihuana, el 61% son de jóvenes entre los 19 y los 29 años. ¿Estamos como sociedad en el camino correcto? Nosotros creemos que no. Si no hay participación, entendimiento y un cambio de enfoque radical este problema seguirá en aumento, sin poder dar una solución acorde a la dimensión de la problemática, la que además repercute en no poder observar aspectos distintos, como el medicinal o el industrial.

POR ESTAS RAZONES:

1) Demandamos, como ciudadanos iguales a todas y todos nuestros pares, una cultura de paz, de la cual el Estado debe ser garante, queremos alejarnos de las soluciones guerreristas, armadas, policiales, castigadores, para acercarnos a alternativas más humanas, democráticas y libres de corrupción, basadas en la evidencia científica y que protejan a los sectores más vulnerables pero ante todo a la niñez y la adolescencia.

2) Demandamos que este tema sea considerado como un asunto de Salud Pública, como lo declara la Constitución, no es un asunto de seguridad nacional. Es posible desfinanciar al narcotráfico, desvincularlo, quitarle competencias, además de proteger a quienes son víctimas de este tipo organizaciones delictivas. 

3) Demandamos se cumpla lo que estipula COIP Art .220 inciso 2do, en el cuál no se penaliza la tenencia y posesión y tampoco el consumo personal y que  también penaliza únicamente los cultivos con fines de comercialización. 

4) Demandamos además, que se resuelvan las contradicciones entre las tablas estipuladas por las instituciones competentes en esta materia, respecto a  las  de dosis máximas de consumo no vinculante y las establecidas por el reglamento del COIP en relación a la tabla de tráfico, y venta de estupefacientes. Esto ha generado vicios legales, que siguen permitiendo vulneraciones y violaciones sistemáticas y estructurales de derechos.

5) Demandamos, que la normativa de salud pública apruebe el uso medicinal y terapéutico del cannabis, con rigurosos controles a las transnacionales, que en la actualidad, desde la industria farmacéutica sigue generando lógicas oligopólicas de mercado y de apropiación de conocimientos. Por lo tanto, es necesario que desde el Estado y la institución rectora el Ministerio de Salud Pùblica, se consideren estos elementos.El 74% de la producción de medicamentos por parte de las farmaceúticas es destinada a la población de países que poseen grandes concentraciones de capital. Empresas como Monsanto y Bayer poseen el monopolio más grande del control de semillas, elementos que jugarían en contra para el acceso de bajo costo para pacientes de enfermedades crónicas e incurables.

6) Demandamos que  el control de las semillas se quedé en los autocultivadores, así  protegeremos la soberanía alimentaria, y será posible controlar la calidad y el ciclo productivo desde el ámbito local.

7) Demandamos que las condiciones de inversión de éstas grandes empresas en relación a la industria farmacéutica e industrial del cannabis, deben contemplar la transferencia del conocimiento y la tecnología, controles ambientales y biogenéticos y también generación de empleo nacional.

8) Por eso demandamos un cambio de enfoque profundo, que vaya acompañado con el desarrollo de un sistema público de Regulación y Control de la Producción, en donde se pueda generar el procesamiento, distribución, uso y consumo del cannabis, abarcando las diferentes facetas que proponemos en esta tercera plataforma por la legalización.

Para esto proponemos:

1) Una nueva ley orgánica que permita desarrollar la integralidad de la tercera plataforma y sus componentes en donde se contemple el auto cultivo , la tenencia legal, la industrialización  como aspectos centrales.

2) Mejorar la calidad de la información sobre el uso de sustancias psicotrópicas.

3) Fomentar la investigación científica sobre el uso, consumo e industrialización.

4) Reconocer los saberes ancestrales anexos a la marihuana.

5) Generar líneas de finanzas populares que permitan la creación de unidades productivas con barrios, comunidades y Personas Privadas de la Libertad.

No queremos, ni pretendemos tener más derechos que las personas que no usan cannabis, queremos y pretendemos equidad y justicia social, queremos regulaciones claras del Estado sobre los mercados ilícitos del cannabis, queremos derechos de autocultivo y autoabastecimiento para las personas con enfermedades basadas en evidencia, queremos autocultivo para protección de las personas usuarias, queremos autocultivo para la vida, autocultivo para la lucha contra el narco.

Atentamente: 

 Yo Soy CRIC (Riobamba),
- Cultiva Tus Derechos (Quito),
- Defensores Procáñamos (Quito),
- Ambato Cannábico (Ambato),
- Guayaquil Cannábico (Guayaquil),
- Lago Agrio Cann{abico (Sucumbíos),
- Ecuador Cannábico. 

#MMM2018Ec #MMM2018 #GMM2018 #CultivaMedicina


ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA, la estructura de dominación sobre las personas que usan Drogas en Ecuador.



POR: Gabriel Alejandro Buitrón Almeida.

INTRODUCCIÓN:

Un Estado liberal moderno como Ecuador, denominado “Intercultural y Plurinacional” (Constitución del Ecuador, 2018:16), es resultado histórico de un sinnúmero de procesos y cambios. En su normativa se podrían hallar relaciones de dominación sobre sus ciudadanos, soportada por la violencia legítima (Weber, 1946:4) y la idea “foucaulteana” anatomopolítica (Ibarra, 2001:337) desde su constitución en 1830, e incluso posterior a Montecristi 2008.

La dominación racional (Weber, 1922:65), basada en un acuerdo de unión a modo de constitución (Bourdieu, 1997:3-4), hace sentir seguro al individuo, pero a la vez este cede sus derechos al Estado, quien mediante ese acuerdo lo unifica, lo norma y tiene la facultad de ejercer poder sobre él.
Entonces, a partir de las constituciones de los Estados modernos, sus ciudadanos están obligados a cumplir una normativa jurídica dentro de un “campo de juego”, pero también tienen las condiciones de reclamar lo mismo hacia sus pares o hacia el Estado, lo que determinaría condiciones de lo que llamamos democracia. “En consecuencia, bajo esta línea de razonamiento, el Estado deberá limitarse a garantizar condiciones de certeza y el cumplimiento de las reglas del juego -incluidos el mercado y la democracia” (Ibarra, 2001:344).

En el país existe un esquema de democracia representativa liberal, que deja para las mayorías la participación del voto, mientras que encarga a un pequeño grupo de gobierno y burocracia la administración del Estado. (Hernández, 2015:12). Estos grupos han sido históricamente beneficiados, desde el nacimiento de la república eran quienes se podían llamar ciudadanos.

Desde las consideraciones griegas sobre la ciudadanía hasta la contemporaneidad del Estado liberal, quienes gozan de derechos ciudadanos serán separados de quienes no gozan de esos derechos, ya sea por la diferenciación entre esclavos y hombres libres u otros tipos actuales de discriminación.  

El artículo 364 de la Constitución equipararía, como ciudadanos, a las personas que no consumen con quienes si consumen drogas, al declarar que “En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales” (Constitución del Ecuador, 2008:167). Los nuevos marcos legales, las políticas públicas y las acciones de sus funcionarios podrían estar ejerciendo dominación y violencia desmedida contra esta minoría de ciudadanos.

El Estado como estructura de dominación.

El concepto de Estado Liberal Moderno no es el único que históricamente ha ejercido uso legítimo de la violencia, por lo que la raíz de los actos que buscamos analizar puede ser aún más profunda, quizá hasta los períodos de monarquía, lo que cambiaría es el tipo de dominación y su legitimidad, es solo hasta la elaboración de las constituciones como documentos políticos que los ciudadanos ceden su voluntad al Estado.

Para Weber:
Al igual que las instituciones políticas que lo precedieron históricamente, el Estado es una relación de hombres que dominan a los hombres, una relación respaldada por medio de la violencia legítima (es decir, considerada legítima). Si el estado debe existir, el dominado debe obedecer a la autoridad reclamada por los poderes fácticos. (Weber, 1946:4).

Bourdieu también elabora una idea de Estado unificador, violento, pero no solo de forma física, sino simbólica, es decir una violencia aún más profunda. “De hecho, la génesis del Estado es inseparable de un proceso de unificación de los diferentes campos sociales, económico, cultural (o escolar), político, etc., que va parejo a la constitución progresiva de un monopolio estatal de la violencia física y simbólica legítima.” (Bourdieu, 1997:4).

En cuanto a la relación del sujeto con el Estado Foucault plante a qué “Corresponde al arte de gobernar poblaciones, de regular el cuerpo social desde una cierta razón de Estado (...). Será a través la ciencia de la policía que se intentará potenciar las fuerzas de la población para incrementar el poderío del Estado” (Ibarra, 2001:348). Aunque el autor considera que el papel del ejercicio de poder no es del Estado, pues es una estructura vacía, a quién el Gobierno o su modelo le da vida.

Al representar, como una constante, en los tres autores algún tipo de dominación, desde la lógica del Estado, es necesario profundizar en este aspecto. Existirían tres tipos puros de dominación, el racional, el tradicional y el carismático. De estos tres nos ocuparemos y acentuaremos el análisis sobre el primero. El “que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal).” (Weber, 1922:65).

La creencia de la sociedad en las normas, estatutos, reglamentos, leyes y convenios radica en un acuerdo por la necesidad humana de unirse o agruparse para tener éxito en la supervivencia, ese acuerdo o proyecto es llamado Constitución.

Dicho de otro modo, la labor simbólica de constitución o de consagración, que es necesaria para crear un grupo unido (imposición de nombres, de siglas, de signos de adhesión, manifestaciones públicas, etc.) tiene tantas más posibilidades de alcanzar el éxito cuanto que los agentes sociales sobre los que se ejerce estén más propensos, debido a su proximidad en el espacio de las posiciones sociales y también de las disposiciones y de los intereses asociados a estas posiciones, a reconocerse mutuamente y a reconocerse en un mismo proyecto (político u otro). (Bourdieu, 1997:3-4).

Los tres autores coinciden en que el Estado, entonces, como estructura puede ejercer poder o una dominación racional legitimada en su Constitución y sus Leyes, Foucault aporta que es mediante un modelo de “régimen de gubernamentalidad múltiple” (Ibarra, 2001:338),  en este caso la democracia.

La democracia y los ideales de ciudadanía.

Por un lado la Democracia[1], entendida etimológicamente desde el griego δημοκρατία o dēmokratía, sería traducida y referida como el “gobierno del pueblo”,  una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos o sus representantes.
La misma visión es compartida por Nuria Cunill (1997:50) quien mira a la “democracia como asunto que concierne a la sociedad y que sólo puede ser impulsada desde ella misma.“ Sin embargo los procesos históricos han ido ampliando los conceptos, y categorías de las democracias.

En la actualidad y bajo los esquemas del Estado liberal en Ecuador la democracia se practica de forma generalizada en la representatividad otorgada al Presidente, Los Asambleístas y autoridades regionales o locales que se eligen por número de votos. “Se concibe al sistema representativo como un sistema superior a la democracia directa porque logra contener la amenaza de las mayorías al garantizar la elección de un grupo de ciudadanos que está en condiciones mejores para identificar y defender el bien público” (Hernández, 2015:12). Así con la elección de la mayoría se decide también el destino de las minorías.

En tales condiciones la política sólo es aceptada en tanto técnica y la democracia como procedimiento, limitada al empleo de la regla de la mayoría para cambiar de gobierno y establecer ciertas leyes generales -formales- (Cunill, 1997: 45).

Este posible cambio de gobierno o de políticas, desde la antigua Grecia  solo se podía gestar con unos actores, estos actores eran los ciudadanos. No todos los habitantes de Grecia podían acceder a ese estatus, por lo que aparte de ese grupo se encontraban categorías como metecos, isóteles, libertos y esclavos (Benítez, 2005:55). Los ciudadanos eran solo hombres, desde cierta edad, con propiedad y tierras. “Primero, Solón, realizó una clasificación de los ciudadanos basada en la propiedad o tierra cosechada; a partir de ésta, podemos hablar de los pentacosiomedimnos, los caballeros, los zeugitas, y los thetes.” (Benítez, 2005:57).

En el Ecuador de 1830, con su primera constitución, también se inauguraban los derechos de ciudadanía, para acceder a ellos se debía ser hombre, casado, mayor a veintidós años; Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; Y saber leer y escribir. (Constitución del Estado del Ecuador, 1830:3).

Ya en el siglo XX, casi cien años después, en la constitución de 1929 la República del Ecuador reconoce la ciudadanía a las mujeres, (Constitución de la república del Ecuador, 1929:3). En 1978, se permitió la llegada a la ciudadanía universal de los mayores de 18 años y el ejercicio del voto a las personas que no sabían leer y escribir, lo que amplió los votantes a una gran proporción de pueblos y nacionalidades del Ecuador.

El análisis de estos procesos históricos nos muestra que la ciudadanía siempre ha sido un privilegio, así como sus derechos. Varias agrupaciones sociales han conseguido progresivamente el reconocimiento y la legitimidad como actores políticos. El ser Ciudadano no ha sido un concepto estable sino que ha variado, dependiendo su contexto histórico se ha transformado, ha excluido, pero también ha incluido. Así arribamos a otras concepciones contemporáneas y más locales de ciudadanía.

“De acuerdo con Marshall la ciudadanía es esencialmente una cuestión de asegurar que todos sean tratados como miembros completos e iguales en una sociedad, y una forma de alcanzar este sentido de identidad con la sociedad es la de asegurar la expansión de los derechos de ciudadanía a todas las personas.” (Hernández, 2015:9)

Ciudadanía contemporánea en Ecuador y personas que usan drogas.

El Estado liberal moderno, aún más centrado en el Estado ecuatoriano, es resultado de sus procesos. La constitución de 2008 da una mayor pauta de derechos y garantías, que no podían ser posibles sin las luchas sociales, el debate político y el acuerdo necesario en los últimos 20 o 30 años. “Los actores políticos se conforman a través de las prácticas donde se interpelan las reglas de juego sobre las que se basan las relaciones sociales y se obliga a la actualización de los principios ético-políticos que constituyen la democracia moderna: libertad e igualdad para todos.” (Cunill, 1997: 301)

Al garantizar los derechos civiles, políticos, y sociales, el Estado de bienestar asegura que todos los miembros de la sociedad se sientan miembros completos de una comunidad política, capaz de participar y disfrutar de los derechos y obligaciones de la vida en comunidad. Donde aquellos derechos sean negados o violados las personas serán marginadas e incapaces de participar en la comunidad política. (Hernández, 2015:9)

En este marco liberal para Rawls, el “deber ser” del ciudadano cumple con unas libertades enmarcadas en ciertas limitaciones, que de nuevo se relacionarían a la dominación racional:

Ser ciudadano es quien suscribe un conjunto de principios y una vez suscritos rige su vida cotidiana por ellos; por ejemplo respetando, "el derecho de los otros a la libre expresión o acordando para ellos iguales oportunidades en la asignación de empleo". Ser ciudadanos es reconocer a los otros como agentes morales, libres e iguales, racionales y razonables; (...) concibe la ciudadanía como una identidad política y publica resultado de un consenso por solapamiento para hacer frente al desafió del pluralismo. (Hernández, 2015:17-18)

Ya para 1967, en la Constitución del Ecuador aparece por primera vez el término droga, en el marco de los derechos de la persona. No toma a consideración ningún otro uso que el uso terapéutico o el que atenta contra la integridad de la persona. (Constitución del Ecuador, 1967:6).

En la constitución de 1998, las drogas pasan a ser llamadas sustancias psicotrópicas, así como se hace una referencia al consumo de bebidas alcohólicas, pero esto solo en el marco de las medidas que aseguren a los niños y adolescentes algunas garantías. (Constitución del Ecuador, 1998:18)
En 2008 se amplían las posibilidades de ciudadanía (Constitución del Ecuador, 2008:18), y se hace una profundización al voto universal incluyendo a los menores de 16 a 18 años, las fuerzas armadas y los extranjeros residentes en el país. (Constitución del Ecuador, 2008:45-46).

Sumado a esto, y definiendo la relación del Estado con las personas que usan sustancias sujetas a fiscalización, el artículo 364 de la Constitución garantiza la no criminalización, pero además mantienen intactos y equiparan los derechos ciudadanos de las personas que no consumen con quienes si consumen drogas, al declarar que “En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales” (Constitución del Ecuador, 2008:167).
Además de esto, la legislación de drogas en Ecuador ha tenido precedentes como:

1)La Ley de control del Opio de 1916; 2) La Ley sobre importación, venta y uso del opio y sus derivados y de los preparados de la morfina y de la cocaína de 1924; 3) La Ley sobre el tráfico de materias primas, drogas y preparados estupefacientes de 1958; 4) La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes de 1970; 5) La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1974; 6) La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1987; 7) La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1990; y, actualmente contamos con La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización de 2015, es decir de reciente promulgación. (Paladines, 2016:8).

De acuerdo a esta retrospectiva jurídica, los marcos constitucionales y algunos marcos legales vigentes protegerían a las y los usuarios de drogas, evitarían su criminalización, pero no solo eso, sino que garantizarían los demás derechos y principios constitucionales, es decir: al agua y alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación e Información,  a la cultura y ciencia, a la educación, a el hábitat y vivienda, a la salud,  al trabajo y seguridad social, a bienes y servicios de óptima calidad, a la participación, de libertad, de protección. (Constitución del Ecuador, 2008: 21-58).  Hay que ensayar una ligera evaluación.

La dominación manifiesta en las Políticas Públicas sobre Drogas.

El gobierno, que genera modelos jurídicos estatales, manifiesta su dominación hacia los ciudadanos mediante el disciplinamiento del cuerpo, es decir del individuo, que va desde la escuela hasta, hasta la cárcel o el manicomio. También está la biopolítica que generaría el mismo disciplinamiento pero destinado al manejo de la masa, que bien podrían ser el resto de instituciones del Estado que interactúan con la sosiedad civil. Y, por último, también domina desde la imposición de la moral, como ejemplo la intervención religiosa en un Estado que se declara constitucionalmente laico. Estos aspectos afectan la forma de gobernar, y dan como resultado un tipo de ciudadano, como lo expresaría Eduardo Ibarra desde una visión “Foucaulteana”:

...gubemamentalidad que, como mostraremos, permite recuperar el significado estratégico de las relaciones entre saberes, poderes y constitución de la subjetividad, otorgando sentido a las relaciones que se establecen en distintos espacios de la vida social. Tales espacios comprenden el poder disciplinario, la biopolitica y la moral como niveles distintos pero enlazados desde los que se constituye el sujeto moderno. (Ibarra, 2001:323)

A pesar de las garantías constitucionales y algún otro marco favorable en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), parece existir una contrarreforma (Paladines, 2016:35) en políticas de drogas y en su racionalización, relacionada ante todo a ejercer su dominio mediante el mayor encarcelamiento y aumento de las penas, o anatomopolítica, que para Faucoult:

Comprende relaciones que persiguen incidir en el control del hombre-cuerpo considerado corno máquina, con la finalidad de potenciar sus capacidades y de conducir su conducta; de ahí su denominación corno anatomopolítica del cuerpo humano, es decir, como cuerpo útil e inteligible. (Ibarra, 2001:323)

En Ecuador a partir de esta contrarreforma hubo una confusión entre tablas de consumo y tráfico, disminución en los umbrales de tráfico, también un aumento de penas, y por último la posibilidad de sumar sentencias por el porte de distintas sustancias.

Para el máximo órgano de la justicia ordinaria del Ecuador es válido el incremento de penas –como concurso real de delitos– en los casos de tenencia de varias sustancias, olvidando que el “policonsumo” también puede ser legítimo, negando además las diversas realidades de los usuarios. Así, si un “poseedor” de 22 gramos de cannabis tiene también 2 gramos de cocaína puede recibir una pena de 10 años, sin añadir una sustancia más. Sin embargo, se desata una contradicción. (Paladines, 2016:40).

La contrarreforma es aún más extensa, en el manejo de la masa juegan un gran papel los medios masivos y la voz oficial del gobierno. El disciplinamiento masivo creó una nueva moral de drogas legitimada por el presidente, y ejecutada por los instrumentos de coerción. Según Jorge Paladines:

La edición 440 del “Enlace ciudadano” del sábado 5 de septiembre de 2015 creó una contradicción en la política de drogas contemporánea. El presidente Rafael Correa rompió con la línea generada desde el indulto a las “mulas” del narcotráfico de 2008, sostenida a través de una serie de decisiones posteriores que implicaron un cambio en la matriz de la política del fenómeno social de las drogas, es decir, en la reforma al paradigma represivo que apostó por fomentar la prevención en lugar del encarcelamiento. (Paladines, 2016:35).

Las instrucciones se siguieron al pie de la letra y el encarcelamiento repuntó inmediatamente, de septiembre a octubre de 2015 existió un aumento del 41% en detenciones relacionadas a drogas, teniendo la escala más alta en diciembre con 1166. (Paladines, 2017:19).

En otras palabras, la respuesta al incremento de presos no necesariamente se relaciona con el aumento de delitos, así como tampoco con las respuestas estatales para sancionarlos (Pavarini, 2006). El aumento de las tasas de encarcelamiento puede devenir también de la dureza e inflexibilidad de las decisiones judiciales (menos garantías), la prolongación de los castigos (más punitividad) o la selectividad en las detenciones (cuotas por tipo de delito), elementos que no dejan de ser tributarios a contextos políticos y giros punitivos coyunturales. (Paladines, 2017:49).

Lenin Moreno asumió en poder al 24 de Mayo de 2017, su plataforma de campaña también contemplaba la mano dura (Confirmado, 12 de febrero de 2017), a pesar de eso se ha asumido una posición de poca importancia frente al fenómeno, y aunque hubo un llamado al diálogo y la participación (Agencia Andes, 26 de Junio de 2017), las mismas quedaron en un enfoque no adecuado, continuidad de la política represora e irracional, una gestión sin relevancia de la SETED (Secretaría Técnica de Drogas), institución rectora del tema en el país, la misma que acaba de ser disuelta vía Decreto Ejecutivo 376 (El Universo, 25 de Abril de 2018) y algunas competencias han pasado a ser parte del Ministerio de Salud, mientras que las competencias de control al Ministerio del Interior (El Universo, 25 de Abril de 2018).

El panorama se ha complejizado aún más. A partir de Enero se registraron atentados explosivos en la frontera norte del país, resultando 4 militares fallecidos, el Lunes 26 de marzo un equipo periodístico de un medio de comunicación local fue secuestrado en la frontera norte por un grupo armado irregular, el lunes 13 de abril se confirmaría su asesinato, posterior a esto han tomado una nueva pareja de rehenes. La vinculación de esta violencia con el narcotráfico y por inducción con las drogas ha sido inmediata, sin que haya una versión confiable de las reales motivaciones de los armados para sus acciones, ni sus vinculaciones específicas con movimientos armados, el narcotráfico o la política.

Este contexto puede recrudecer el panorama estignmatizante y criminalizador sobre las personas que usan drogas, las opciones son mantener el paradigma, escalar la violencia y la guerra, o bien se pudiera abrir claramente la aceptación de una crisis y por tanto una posibilidad del debate sobre alternativas. Como ejemplo Ana Jácome (2018) y Carlos Rabascall (2018) sugieren la discusión estratégica sobre la legalización en estos momentos. El Estado, constitucionalmente debería llevar el diálogo hacia una cultura de paz, demostrar que puede tomar el timón del problema sin seguírselo cediendo al narcotráfico, entender que no se puede seguir el mismo rumbo, las mismas reglas, si esas mismas decisiones nos han dejado en este mal arribo a un puerto equivocado.

CONCLUSIONES:
  •          El modelo de Estado ecuatoriano, mientras permanezca, seguirá basado en dominación, y el uso legítimo de diferentes tipos de violencia. Los ciudadanos, desde que nacemos se nos impone arbitrariamente su conjunto de reglas y castigos más aún si se es Usuarios de Drogas.
  •          La democracia es un ideal que legitima un tipo de gobierno, además de haber evolucionado históricamente en muchas variantes, el concepto de ciudadanía tampoco es estable y protege, pero limita al ciudadano.
  •          Los ciudadanos ecuatorianos que usan drogas tienen exactamente los mismos derechos que las personas que no usan drogas.
  •          La despenalización, descriminalización y regulación de las drogas, así como las políticas de reducción de Riesgos y Daños son alternativas a los actuales modelos guerreristas, militaristas, policiales y sanitaristas, basados en la abstinencia, la mano dura, la guerra.
  •          En el varias instituciones del Estado se encuentran en trámite documentos oficiales de los que se desprenden políticas públicas relacionadas a Drogas, y no solo a los “objetos drogas”, sino a los “sujetos ciudadanos” a los usuarios. Existe en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para prohibición del espacio público, también propuestas para derogar la tabla de dosis máxima de consumo, otras para reformar el COIP, y la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas.  El enfoque de esos documentos debería realizarse en base a evidencia científica, con carácter técnico, contener política coherente con sus normas superiores, respetar el orden constitucional, los convenios internacionales y Derechos Humanos.
  •          El nuevo contexto de guerra contra el narcoterrorismo, de secuestros, de militarización, puede acabar por endurecer el panorama para quienes ya son víctimas de esta guerra, pueden resultar en el abandono del Estado y en la vulneración sistemática de sus derechos, auspiciada por un abuso amparado en la violencia que ahora ejerce el narcotráfico contra todas las personas de nuestro país.


Gabriel Buitrón.
Vocero Ecuador Cannábico.
Miembro de LANPUD.
Miembro del IDPC.
Parte del grupo de estudio sobre drogas IAEN.


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